El oficialismo ha ejercido una de las peores
prácticas políticas el vil apriete. Esta vez, violando el principio
de división de poderes e incumpliendo el Reglamento del Honorable Concejo
Deliberante. Siempre esta norma ha sido cumplida... hasta ahora.
Según este reglamento interno, cada Concejal elegido por el pueblo de
Lanús, tiene derecho a tener dos asesores a su cargo, con el objeto de
asistirlo en sus funciones. Pero desde hace un tiempo han quitado al bloque Unidad
Popular en el Frente Amplio Progresista de uno de los asesores que por el
reglamento le corresponde.
Siempre se cumplió con esta normativa, aun con compañeros de nuestra
agrupación política que tuvieron cargos legislativos durante los mandatos de
Quindimil, a quien mas allá de su posición política, donde ejercitamos una
oposición férrea, nunca apeló a una medida de este tipo, pues mas allá de las
diferencias, siempre respetó esta normativa y cumplió con sus deberes en este
sentido. Pero bajo esta gestión ha cambiado la situación. Con la intención de
sancionar a los legisladores opositores se viola el principio republicano de la
división de poderes; en este caso entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo
Deliberante que es el órgano legislativo.
El desgobierno del Municipio, las críticas que recibe a diario la
gestión local y el desprestigio de la figura del Intendente que aumenta sin
remisión, han puesto en una difícil situación al oficialismo. Pero parece que
la solución no llega por el lado de un cambio de rumbo y de llevar eficiencia y
coherencia a los funcionarios, sino que se decide atacar a los que piensan
distinto: muerto el perro, se acabó la rabia.
Otro claro ejemplo de este accionar fue el escrache gráfico del que
fueron victimas algunos vecinos y las concejalas Maria Angela La Rosa (GEN-FAP)
y Susana Arce (PRO), los cuales fueron fotografiados con las cámaras de
seguridad del municipio, en un claro mensaje mafioso para evitar las
manifestaciones y expresiones de disenso.
Además, sumando una nueva contradicción a este gobierno, al no querer
reconocer al asesor que legítimamente corresponde a todo concejal, el
intendente, que se dice representante del progresismo, ejerce coacción
eliminando una fuente laboral.
Desde el partido Unidad Popular en el Frente Amplio Progresista
denunciamos este accionar y llamamos a la reflexión de las autoridades
gubernamentales para que revean sus malas decisiones.
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