Soberanía comunicacional

Soberanía comunicacional La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) significa un avance concreto para que la sociedad pueda ejercer, con libertad, pluralismo y diversidad cultural, el derecho a la Comunicación, un derecho humano básico como la Educación, la Salud, la Vivienda y la Alimentación.   Como ocurre con tantas otras leyes en nuestro país, hay que hacerla cumplir. Ello requiere de una fuerza social que le de sustento y de la voluntad política del Poder Ejecutivo. La nueva legislación -que dio respuesta a un generalizado reclamo de los trabajadores de la cultura y la comunicación para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura, firmada por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz- contó con un amplio consenso social. Si sólo están judicializados dos de los 166 artículos de la Ley de Medios, no se entiende, salvo por la mora e inacción del Gobierno, que a tres años de ser aprobada por el Congreso de la Nación todavía no rija en toda su extensión.  La CTA, firmante de los 21 Puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004, respalda enfáticamente el sentido antimonopólico de la ley para promover que la palabra circule libremente, haya pluralidad de voces, su contenido sea federal, democrático y participativo y el sujeto de la actividad, el trabajador, pueda ejercer su labor con absoluta libertad de conciencia. El 7 de diciembre expira una medida cautelar presentada ante la Justicia por Clarín objetando la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 referidos a la cláusula de desinversión para adecuarse a la nueva ley, pero el resto del plexo normativo está absolutamente vigente desde octubre de 2009. Seamos claros: No se trata de vestir un santo para desvestir otro. La Central se pronuncia en contra de todo monopolio comunicacional, sea el Grupo Clarín; Telefónica-Telefé; Vila-Manzano-De Narváez; Monetta; Grupo Indalo de Cristóbal López o cualquier otro. Y advierte que el desmantelamiento del oligopolio no puede llevarse a cabo a través de la figura de testaferros o de sospechosas triangulaciones que en nada favorecen la transparencia en la propiedad de las frecuencias radioeléctricas.  La CTA exige la inmediata legalización de los medios pertenecientes a las organizaciones libres del pueblo, a quienes la ley les concede el 33 % del espectro radioeléctrico que no se puede poner en marcha en tanto y en cuanto la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA) no ha cumplido con su obligación de establecer el Plan Técnico que hace viable la concesión de licencias a los medios de comunicación popular. El fracaso del llamado a licitación para 220 frecuencias de TV digital estuvo directamente vinculado con las exigencias económicas requeridas a los medios comunitarios que debían abonar alrededor de 150.000 pesos para retirar los pliegos de adjudicación. Si no se replantea de fondo esta cuestión, si el Estado no auxilia financieramente a este segmento comunicacional para equiparse adecuadamente, si la ASFCA los sigue ninguneando, se corre el riesgo cierto de que este espacio quede vacante y reducido a una entelequia.  Así las cosas, mientras el 33 % de las empresas capitalistas hacen el juego que mejor saben y apelan al pasamanos de la tercerización a cargo de familiares y amigos para “adecuarse” a la ley, el 33% reservado a los medios públicos sigue siendo el botín de guerra de los gobiernos de turno, las organizaciones sin fines de lucro que pugnan, hasta ahora infructuosamente, por tener voz propia, permanecen huérfanas de apoyo oficial. Necesitamos que haya otras voces. Que no hablen solamente los integrantes del coro del establishment. Necesitamos contar lo que está pasando desde nosotros mismos, a partir de nuestra práctica, sin intermediarios, con nuestro lenguaje y nuestra propia estética audiovisual. Para que a la realidad no la sigan explicando únicamente desde la prensa hegemónica o los medios afectos al Gobierno. Fijar los contenidos de la agenda de acuerdo a nuestra estrategia de poder popular. No comernos los amagues y operativos con los que nos bombardea todo el tiempo el poder dominante. Producir, replicar y amplificar lo que pensamos, decimos y hacemos todos los días. Esa es la tarea. Que no empieza ni termina el 7 de diciembre.