El
escribano Julián Segura es un contribuyente que hace valer sus derechos y, como
profesional del derecho, sabe como reivindicarlos. En esta línea, elige un
pasquín local y dice que, “Nunca pensé que nuestra ciudad pudiera llegar a este
estado y para colmo, volvieron a aumentar la Tasa de Servicios. Malversación de
caudales público, incumplimiento a los deberes de funcionario público,
administración fraudulenta, desvío de fondos públicos, apropiación indebida de
dinero del pueblo, cobro indebido por conceptos y servicios que no se cumplen y
que no corresponden ser cobrados, etcétera, etcétera. Sólo falta homicidio y
violación para que al intendente le quepan todos los artículos del Código
Penal. Y va por más. Y los concejales, casi por unanimidad, votas sus
brillantes ideas y proyectos. Bien por ellos”. Como vecino y representante
legal, es válida su protesta y sus expresiones y, por supuesto, es válida su
denuncia, la que, seguramente, debe haber concretado en el juzgado pertinente.
De otra manera, decir lo que dice sin una denuncia penal correspondiente y con
las pruebas que avalen sus dichos, lo convertirían en cómplice de aquel que
denuncia. Por supuesto que esto es lo que ha sucedido y descartamos que se
trate de un charlatán que vocifera por los medios algo que, en la ley no
existe. De ser así, estaría expuesto a un querella grave, sobre todo tratándose
de un escribano que, ejerciendo sus derechos, acompañó al edil Salvador Baratta
a certificar el funcionamiento de las cámaras, justo el día después del
terrible tornado que puso en jaque al distrito y se llevó vidas humanas en su
paso, es decir, no salió a colaborar con los vecinos necesitados, sino a hacer politiquería
barata (sin doble t) y a buscar debilidades donde había preocupación por el
prójimo. Esperemos que sus dichos y sus acciones coincidan. Por el bien de la
verdad. Uno de los bienes perdidos.
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