A Marita Verón la siguen esperando su madre y su hija. Y la seguimos esperando, también, todas y todos nosotros, aquellos que entendemos que la vigencia y el fortalecimiento de los derechos humanos y de un proyecto de país más justo e igualitario representa la única condición indispensable para que no haya nunca más una víctima.
Hoy, este proceso judicial representa un punto de inflexión para pensar sobre los avances que el Estado argentino emprendió, como el rescate de casi 3000 personas esclavizadas y explotadas, la creación de las políticas públicas para la prevención a lo que debe sumarse el fundamental cambio normativo.
Sin embargo, también debe invitar a la reflexión sobre lo mucho que resta en este camino contra uno de los delitos más crueles, y aparece como una oportunidad para profundizar un debate honesto y comprometido por parte de todos los poderes del Estado.
Resulta apremiante contar en esta lucha con la colaboración de los Intendentes y las Fuerzas de Seguridad para que realicen operativos de control en pos de la inhabilitación de prostíbulos. Como sociedad debemos ser implacables frente a la inacción de aquellos funcionarios públicos involucrados y frente a quienes son parte de este crimen organizado.
Actualmente rige la Ley 26.364, denominada “Programa Nacional de Prevención y Atención a sus víctimas”, que fue sancionada en abril del 2008 y que pretende ser modificada en algunos de sus artículos.
Entre los cambios propuestos, se impone una nueva definición del delito como federal e independientemente de la edad de la víctima, eliminando así la objetable diferencia de consideración entre mayores y menores de edad que contiene la legislación vigente.
Asimismo, elimina el “consentimiento de la víctima” como causa para eximir de responsabilidad penal al autor del delito. Este avance permite romper con el silencio de aquellas mujeres que han sido torturadas psicológicamente, que han sido drogadas, violadas y amenazadas y que no se animan a denunciar a sus explotadores.
La aprobación de los cambios a la Ley de Trata de Personas en la Cámara Alta tuvo lugar en la sesión del 31 de agosto del año pasado. A partir de esta iniciativa, ahora es el turno que, desde la Cámara de Diputados, se apruebe dicha sanción para poder avanzar a pasos firmes frente al tema.
En la comisión de Legislación Penal, en la de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y en la comisión de Presupuesto y Hacienda hemos trabajado la temática arduamente logrando dictamen, pero hoy tenemos la oportunidad de avanzar rápidamente en el proyecto de ley a partir de la sanción del Senado que tiene el mismo espíritu que los dictámenes que hemos logrado en la Cámara Baja. Esta será la línea de mi trabajo parlamentario sobre este tema, tratar de avanzar rápidamente en la sanción de la ley. Mujeres PRO
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